Coordinación Étnica Nacional de Paz - CENPAZ

Hoy como ha ocurrido desde siempre durante estos largos 500 años, la situación y problemática de la población afrocolombiana se caracteriza por la explotación de su fuerza de trabajo en los empleos duros, el despojo de sus tierras, el retraso educativo, la pobreza e inhumanidad en las condiciones de vidas familiares, el racismo en las relaciones con las comunidades blancas mestizas, la discriminación racial en la cotidianidad, la exclusión racial en casi todas partes y la ciudadanía incompleta, ciudadanía “recortada” por la violación de sus derechos humanos.

Las graves consecuencias económicas, sociales, culturales, educativas, políticas y espirituales que provocó la Institución de la Esclavitud, están vivas y activas dentro de la sociedad colombiana unidas a los desequilibrios, inseguridades e injusticias propios del modelo de desarrollo económico y social capitalista promovido por las élites dominantes, sus víctimas siguen siendo las poblaciones afro descendientes que reivindican la verdad, justicia, reparación y equidad social y comunitaria.

Algunas estadísticas del DNP sobre la realidad afrocolombiana son las siguientes:

* Las zonas de mayor predominio de población afrocolombiana son aquellas que presentan los más bajos índices de calidad de vida del país.

* El ingreso per cápita promedio de los (as) afrocolombianos(a) se aproxima a los 500 dólares anuales, frente a un promedio nacional superior a los 1500 dólares.

* El 75% de la población afro del país recibe salarios inferiores al mínimo legal y su esperanza de vida se ubica en un 20% por debajo del promedio nacional.

* La calidad de la educación secundaria que recibe la juventud afrocolombiana es inferior en un 40%, al compararla con el promedio nacional.

* En los departamentos del Pacífico colombiano, de cada 100 jóvenes afros que terminan la secundaria, sólo 2 ingresan a la educación superior (universidad).

* Aproximadamente el 85% de la población afrocolombiana vive en condiciones de pobreza y marginalidad, sin acceso a todos los servicios públicos básicos.

Rodrigo Castillo Rodallega

Líder social y comunitario de la Asociación Comunidades Construyendo paz en Colombia – CONPAZCOL

Defensor de DD-HH

Lic. En matemáticas y física

Esp. En Pedagogía Ambiental

Mg. En Gestión Pública

Candidato a Doctor en Política y Gobierno

Por CONPAZCOL 

#TodosSomosMaíz

Ministro Diego Molano Aponte, el paro nacional también es por la no repetición de los miles de falsos positivos, de los centenares de montajes judiciales, de los miles de asesinados y desaparecidos, resultado de la política criminal del Estado de estigmatizar, de señalar a líderes y lideresas sociales, comunales, ambientales y de Derechos Humanos, tejedores, tejedoras de paz y ahora a nuestros jóvenes del paro nacional, como guerrilleros y terroristas.

Como organización de víctimas CONPAZCOL, como campesinos, indígenas y afrocolombianos, víctimas de graves violaciones a nuestros Derechos Humanos, exigimos al señor ministro de defensa rectificar públicamente los señalamientos contra reconocidos líderes, lideresas, defensores de Derechos Humanos y participantes del paro nacional, tal como lo hizo contra Andrés Maízel pasado 14 de mayo al terminar el consejo de seguridad en la ciudad de Popayán, colocando su vida, su integridad y su labor como activista y defensor de la vida en alto riesgo.

Desde los territorios étnicos dónde Andrés nos ha apoyado con talleres de reconstrucción de memoria histórica a partir de sus saberes gastronómicos y de derechos, lanzamos nuestro grito a la comunidad internacional para que se proteja la vida de Andrés y demás jóvenes marchantes, señalados de terrorismo, así como se garantice la vida y el regreso inmediato de todas las personas desaparecidas durante el paro nacional y se muestren resultados eficaces en la investigación y sanción a los responsables de la violaciones de Derechos Humanos a las y los marchantes que perdieron la vida y fueron torturados y afectados en su integridad física y psicológica.

Con impunidad sobre los crímenes y graves violaciones a los Derechos Humanos durante el paro nacional, no es posible dejar la calles, primero justicia y garantías de no repetición.

Mayo 17 de 2021

Comunidades Construyendo Paz en Colombia- CONPAZCOL

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TOLIMA - ACIT

4 de Mayo de 2021

Colombianas, colombianos, pueblos y comunidad internacional:

La Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) ha seguido con enorme preocupación y tristeza la brutal represión armada que se ha venido presentando con motivo de las protestas legitimas de la sociedad colombiana y los pueblos étnicos en el marco del paro nacional, nos solidarizamos con los cientos de víctimas, desaparecidos y decenas de personas asesinadas, incluidas personas de los pueblos étnicos.

Recordamos que el Acuerdo de Paz reconoce el derecho a la protesta pacífica y la movilización como pilar fundamental del sistema democrático y, como parte de las Garantías de Seguridad para Líderes y Lideresas de Organizaciones y Movimientos Sociales y Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, estableció el desarrollo de garantías para la movilización y la protesta pacífica (2.2.2). En el contexto actual la IEANPE considera incumplidas estás garantías por el Gobierno Nacional y demanda del mismo cesar su violación y atenerse a los estándares internacional en materia de protección del derecho a la protesta social, garantizando los derechos de las y los manifestantes, en especial el derecho a la vida y la libertad personal. Rechazamos la persecución judicial de la Fiscalía y otros funcionarios públicos contra las autoridades indígenas de AISO y demandamos el cierre inmediato de los procesos judiciales en curso.

Dada la gravedad de lo hasta ahora sucedido en el marco de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos a la población civil perpetradas por las fuerzas públicas que están por contrario instituidas para proteger a todas las personas en su vida y demás derechos y libertades, como lo establece el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, que además establece como derecho fundamental la participación de todos en las decisiones que nos afectan, solicitamos a todas las instituciones del Estado defender la integridad democrática de Colombia y a la comunidad internacional:

1. Solicitar a los Estados Americanos miembros de la OEA y su Secretario General que basado en los principios de la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana convoquen con urgencia un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que se adopten decisiones urgentes para cesar los asesinatos de civiles y la represión del pueblo colombiano y reestablecer el orden constitucional y el estado de derecho en Colombia.

 2. Solicitamos a la Fiscal de la Corte Penal Internacional a que en el marco de su mandato y en consecuencia con los crímenes de lesa humanidad que se vienen presentando adelante las investigaciones que se requieran para llevar ante la justicia a todos los responsables de estos crímenes, incluidos altos mandos de Gobierno y de la Fuerza Pública Colombiana y demás perpetradores e instigadores de estas graves violaciones.

3. Solicitamos a todas las Relatorías y demás Mecanismos Especiales de las Naciones Unidas a que se pronuncien rechazando estas graves violaciones a la Carta Internacional de Derechos Humanos y en el marco de sus respectivos mandatos, y en especial de forma conjunta, realicen todas las acciones posibles para proteger los derechos humanos de las y los colombianos y los pueblos étnicos.

4. Requerimos al Secretario General de las Naciones Unidas, por concurso de su Representante Especial de la Misión de Verificación en Colombia, solicitar una sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos para tratar la grave situación de derechos humanos en Colombia, incluido el incumplimiento global del Acuerdo de Paz refrendado en noviembre de 2016.

5. Solicitamos al Gobierno de EE.UU, a la Unión Europea y demás gobiernos y estado del mundo a realizar todos los esfuerzos diplomáticos para cesar esta barbarie, e instamos a cortar de la forma más inmediata posible cualquier contribución financiera o de otro tipo con el Gobierno de Colombia hasta que cesen las graves violaciones de los derechos humanos y se regrese a la regla democrática.

6. Instamos a los pueblos del mundo a apoyar desde todos los rincones y con todos los medios a las y los Colombianos y a los pueblos étnicos que continúan resistiendo y ejerciendo su derecho legitimo a la movilización y la protesta pacífica.

La IEANPE seguirá su proceso de seguimiento de esta crítica situación y reitera su férrea disposición para facilitar un diálogo de país e internacional con todas las partes para superar urgentemente la que entendemos como la crisis democrática y de derechos humanos más importante del país desde la Constitución Política de 1991.

LA PROTESTA PACÍFICA ES UN DERECHO FUNDAMENTAL Y LA MEJOR HERRAMIENTA DEMOCRÁTICA PARA OPONERSE A CUALQUIER FORMA DE OPRESIÓN O TIRANIA

¡EL PUEBLO NO SE RINDE CARAJO!